La Províctimas: una Procuraduría a modo

La Províctimas: una Procuraduría a modo

Por Raúl Romero

El pasado martes 6 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que Felipe Calderón ordenó la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.

Anunciada por todos los medios, con tratamiento especial durante el “informe de gobierno”, la Províctimas parece ser más una respuesta mediática de fin de sexenio y un intento por suavizar el reclamo que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho con respecto al tema de atención a víctimas.

A continuación comparto un decálogo sobre las deficiencias que la Províctimas evidencia desde su creación.

1.      No reconoce un contexto de emergencia nacional en el que el Estado también es victimario. Un contexto en el que las fuerzas de seguridad pública, militares, marinos y funcionarios de todos los niveles de gobierno abusan de su poder y violan los derechos humanos más fundamentales. Un contexto que también ha sido diagnosticado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y por el que recomendó en marzo pasado el retiro de fuerzas militares en tareas de seguridad.

2.      De lo anterior se desprende que la Províctimas nazca sesgada y al margen del derecho internacional; pues no atiende la definición de víctima –ofendidos del delito y víctimas del abuso del poder- expresado en la Convención de Palermo signada por México en 1985.

3.      No garantiza la participación efectiva de la sociedad civil. En su composición, sólo contempla a cuatro ciudadanos, los cuales serán invitados por Calderón. Hoy sabemos los nombres de estos cuatro ciudadanos: María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y Patricia Caso. Los tres primeros son también víctimas de la violencia que se vive en México, pero son de esas víctimas que han acompañado muy de cerca a Felipe Calderón en esta guerra. Un ejemplo de ello es que tanto Wallace cómo Martí se pronunciaron públicamente a favor de la Ley de Seguridad Nacional que hoy se encuentra atorada en San Lázaro.

4.      No existe un componente que garantice la protección a víctimas. En este país es común que muchas de las víctimas que se animan a denunciar o a emprender investigaciones por cuenta propia –ante la incapacidad o complicidad de las autoridades- son perseguidas por los grupos criminales; sea con fuerzas al margen de la ley o con aquellas que se han corrompido desde el interior del Estado.

5.      De las muchas ambigüedades que contiene el decreto, hay una que garantiza la revictimzación: al estar dirigida únicamente a aquellas personas que sean víctimas de delitos del fuero federal margina a aquellas que sean víctimas de delitos del fuero local.

6.      Surge como decreto presidencial: no consulta a la sociedad civil, a los especialistas en la materia, a las organizaciones civiles que trabajan el tema. Peor aún; no consultó a ninguna representación de víctimas, por lo que no contempla sus necesidades.

7.      La Procuraduría Social intentará coordinar dependencias de otras instituciones ya existentes, es decir, las dependencias encargadas de la “atención” a víctimas de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaria de Marina (SEMAR), por mencionar algunas. Así pues, la Procuraduría Social nace sin personal ni presupuesto propio, al mismo tiempo que coordinará dependencias caracterizadas por su disfuncionalidad.

8.      El decreto deja a total discreción de la Junta de Gobierno el diseño y definición del alcance que se dará a esta institución. En la Junta de Gobierno participan representantes de secretarias que también son responsables –directa o indirectamente- de las muertes, desapariciones y otros crímenes que inundan el territorio nacional: Francisco Blake Mora (Secretario de Gobernación), Guillermo Galván Galván (Secretario de la Defensa Nacional), Mariano Francisco Sáynez (Secretario de Marina) y Genaro García Luna (Secretario de Seguridad Pública), por mencionar algunos. Con esta medida se corre el riesgo de seguir garantizando impunidad a aquellos policías, militares y marinos que cometan delitos.

9.      No existe explícitamente un mecanismo de rendición de cuentas que garantice claridad en el manejo de las finanzas. 

10.  No retoma las exigencias de justicia, memoria, verdad, reparación del daño y garantía de no repetición. Es una instancia que se queda solamente en el asistencialismo.

La Procuraduría Social fue una propuesta que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –en voz de Javier Sicilia- puso sobre la mesa en el diálogo del 23 de junio de 2011. Dicha propuesta fue pensada en conexión con el fin de la guerra y con la adopción de un modelo de seguridad humana y ciudadana que garantice y respete los derechos humanos. La propuesta que ha hecho el movimiento, debe entenderse como una alternativa integral, no como una suma de propuestas que puedan aplicarse de forma aislada. 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2011